El Gobierno nacional decretó este día el estado de excepción para afrontar la crisis de convulsión social que se desencadenó en el país como protesta por el decreto de liberar los precios de los combustibles. Esto implica que el territorio nacional es constituido como territorio de seguridad. En la práctica la medida implica que la protesta social será tratada como delito, obstruir vías, impedir libre movilidad y bloqueo de carreteras y servicios públicos.

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