Viernes, 21. Septiembre 2018
A falta del último trámite ante el Tribunal Constitucional, la decisión del Tribunal Supremo de prohibir las candidaturas de ASB, la mayor parte de las candidaturas de ANV y las presentadas por las agrupaciones de electores con el aval de más de 80.000 personas –afectando a la mayor parte del censo electoral- demuestra que el Gobierno Zapatero continúa el estado de excepción que los distintos gobiernos mantienen en Euskal Herria desde el mismo inicio de la llamada “transición política”.
Esta decisión -avalada por la fiscalía que actúa en nombre del gobierno, los partidos políticos del sistema (desde la extrema derecha del PP, pasando por el reformismo de IU y por todo tipo oportunismos) y los medios de comunicación de masas con auténtica disciplina militar-, viene a demostrar una vez más que el actual sistema de dominación no tolera que se cuestione su proyecto de España, que es el único que se acepta y que se impone con toda la violencia necesaria para evitar su contestación. Asimismo demuestra que, cuando una fuerza política es capaz de representar, con amplios apoyos de masas, un proyecto alternativo, se utilizan todos los medios al alcance del estado para reprimirla, creando nuevos sistemas de coerción cuando los existentes no les resultan suficientes.

La Ley de Partidos y la Ley Antiterrorista son dos elementos fundamentales de la dictadura del capital en España. Bajo su amparo se cometen todo tipo de arbitrariedades contra quienes, la oligarquía y sus gobiernos, consideran sus enemigos. Se suspenden partidos y/o candidaturas y se detiene y se tortura con toda impunidad en comisarías y prisiones.

El Gobierno Zapatero ha intentado –en el llamado “proceso de negociación” abierto tras la tregua e ETA- derrotar a la izquierda abertzale. Ha sido la negativa de la misma a renunciar a sus objetivos políticos prioritarios y a una parte esencial de su programa lo que ha llevado a esta decisión del Tribunal Supremo.

La exigencia de “renunciar a la violencia” es una falsa excusa que el Estado utiliza para justificar que hoy exista en Euskal Herria un censo de decenas de miles de personas a las cuales se les niegan sus derechos políticos, no pueden concurrir a las elecciones y tienen ficha política en las comisarías donde constan sus actividades, sus preferencias ideológicas y su participación en la vida política diaria en Euskadi y Navarra.  Ese fichero político viola los derechos reconocidos de esas personas y es una expresión de la extrema “violencia del estado”.

Por tanto cabe exigir al estado español, a sus gobiernos, que renuncien a la violencia contra el pueblo vasco; que de manera inmediata se proceda a la derogación de la Ley de Partidos y de la Ley Antiterrorista, y que se reconozcan y respeten los derechos políticos de esas decenas de miles de personas con ficha política en los archivos centrales del estado.

El CE del PCPE expresa su solidaridad a la izquierda abertzale y al pueblo vasco, exige al gobierno Zapatero que cese en su objetivo de derrotar a la izquierda abertzale y que proceda de forma inmediata a la derogación del actual marco jurídico represivo como una condición imprescindible para avanzar hacia una salida negociada al conflicto que hoy se vive en Euskal Herria.

El CE del PCPE llama a todas las organizaciones sociales y políticas a manifestarse rotundamente contra estas acciones del gobierno, y a desarrollar todo tipo de iniciativas para, a través de la movilización de masas, luchar por la derogación de esta legislación de estado de excepción y seguir haciendo posible abrir vías para la solución negociada del conflicto vasco.

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
Madrid 8 de mayo de 2007
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