22 | 11 | 2019

unoLa oficina de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), emitió ayer el esperado informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, de enero de 2018 a mayo de 2019. En las conclusiones se señala que esa instancia “considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales incluidos los derechos a la alimentación y a la salud en Venezuela” y destaca el supuesto uso de los programas sociales como herramienta de control social; el ataque y la represión selectiva a integrantes de la oposición; el asesinato de miles de personas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y la represión a dirigentes indígenas opuestos al gobierno.

El informe explica que se basa en la información obtenida por la ACNUDH en la fecha señalada, incluida las entrevistas que sostuvo la Alta comisionada, Michelle Bachelet, con funcionarios y dirigentes del gobierno y la oposición, así como de “la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas y la comunidad diplomática”.

Pero al parecer, las 558 entrevistas que sostuvo la Alta Comisionada, estaban lo suficientemente inclinadas a conocer sólo la visión de la oposición. Así lo denunciaron en una carta pública, más de 20 organizaciones que integran la Red Venezolana de Derechos Humanos, entre ellas la Red de Colectivos Araña Feminista, la articulación más antigua de organizaciones de mujeres en el país; y la Fundación de Víctimas del Sicariato Campesino; así como también el Comité de Víctimas de las Guarimbas,

Las organizaciones alertan que no hay una sola referencia a las denuncias hechas por estas ellas sobre las víctimas de la violencia opositora; ni a las consecuencias nefastas denunciadas por expertos de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados sobre la economía venezolana, ni al fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril, donde un reducido grupo de militares intentó sin éxito tomar la Base Aérea de La Carlota y liberó al dirigente del partido ultraderechista Voluntad Popular, Leopoldo López, hoy “refugiado” en la embajada de España, enjuiciado por promover violencia insurreccional con un saldo de más de 400 víctimas. Es decir, en el informe de Bachelet las víctimas sólo son de la oposición.

El Gobierno Bolivariano realizó de inmediato los comentarios al texto de la OACNUDH y manifestó su desacuerdo con la metodología utilizada y aclaró que de las más de 500 entrevistas realizadas para obtener los datos, más del 80%, es decir unas 460, fueron efectuadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España, pese a la presencia de una comisión en territorio venezolano.
El Gobierno Bolivariano hace unas 70 observaciones al documento y resalta que todos los argumentos usados son rebatibles con el uso de la información oficial que además es de conocimiento público.
Por ejemplo, señala el Ejecutivo venezolano “en el párrafo 19, el informe afirma que 20 mil niños “morirán como consecuencia directa de la crisis”. Esta afirmación no tiene ningún sustento técnico que la respalde y afecta la credibilidad del reporte. En todo caso, si la OACNUDH formula sus informes a partir de estimaciones realizadas por organizaciones civiles, debería valorar el reporte realizado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés) según el cual 40 mil venezolanos han fallecido producto de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos de América”.

También se rechaza el uso del término “crisis humanitaria”, toda vez que ninguna autoridad ha reconocido la existencia la misma en Venezuela, pues no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello. “El Gobierno ha reconocido que las acciones de agresión contra Venezuela están generando impactos negativos sobre la situación social y ha puesto en marcha mecanismos para recibir asistencia técnica humanitaria para hacer frente a esos efectos”, señala el documento oficial.

Aunque de inmediato, sectores opuestos al Gobierno de Maduro han calificado el documento de “crudo”, parece que no han leído bien las conclusiones.

En las mismas se reconoce que las sanciones han agravado la crisis económica e impactan negativamente el disfrute de los derechos económicos y sociales de los venezolanos. También señala que los casos de represión selectiva contra activistas y dirigentes de la oposición, ameritan mayor investigación para determinar la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual. De igual modo cuando habla de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Faes, se cuida de usar el término presunto y presumible, evidentemente por la falta de pruebas.

En las 13 recomendaciones con las que finaliza la Alta Comisionada, exhorta al Gobierno adoptar medidas para garantizar los servicios básicos, el derecho a la alimentación y a la salud; solicita tomar medidas para finalizar las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos; detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; disuelva las FAES, entre otras.

Entre las reacciones al informe, destaca la del ex presidente colombiano centroderechista Andrés Pastrana, quien solicitó a Bachelet remitir el texto directamente a la Corte Penal Internacional, sin hacer caso a las observaciones y solicitud de corrección hechas por el Gobierno Bolivariano.

Es irónico porque este mismo año, la ONU también determinó en un informe que Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos en el mundo, con 7.816.500 personas al final del 2018.De acuerdo con el informe, durante el 2018, 118,200 nuevos desplazamientos fueron reportados, con 0 retornos.

En marzo, la Alta Comisionada emitió un informe donde mostró su gran preocupación por los asesinatos de defensores de los derechos humanos. Su Oficina documentó 110 asesinatos durante 2017, una cuarta parte de ellos indígenas o afrocolombianos. Asimismo, señaló haber recibió informes de 27 asesinatos adicionales durante el año 2019. Curiosamente no se habla de los “falsos positivos”, casos de asesinatos extrajudiciales por parte de fuerzas del Estado a personas acusados de ser guerrilleros sin serlo. Ninguna de estas tragedias se vio en Venezuela. Sin embargo, en sus recomendaciones no estuvo la disolución de algún cuerpo de seguridad colombiano, por ejemplo.

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