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Imagen: Ministerio de Justicia de EEUUImagen: Ministerio de Justicia de EEUUEn medio de la pandemia mundial por el coronavirus, la administración Trump realiza una escalada agresiva en contra del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela al colocar “precio a las cabezas” del presidente legítimo del poder ejecutivo, Nicolás Maduro Moros, y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, así como fomentar una intentona golpista desde Colombia.

Esta parece ser la respuesta a la demanda de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, quien solicitó el miércoles que sean atenuadas o suspendidas las sanciones económicas impuestas a países como Venezuela, Irán, Cuba o Corea del Norte, Siria en este período de pandemia, “tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

Aún así, el Fiscal General de EEUU, William Barr, anunció cargos penales contra altos funcionarios del gobierno de Venezuela, además de Maduro y Cabello, por narcotráfico y fijó la recompensa de $15 millones por la ayuda en la captura del Jefe de Estado en funciones, una acción sin precedentes en la justicia norteamericana.

Desde el Decreto de Obama, ratificado ya en más en dos ocasiones por la gestión de Trump, donde se declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de EEUU, no se había realizado una acción legal tan contundente para emprender una operación militar sobre la nación suramericana.

Esto, en medio de denuncias realizadas por el Gobierno de Maduro esta semana sobre la planificación de un frustrado golpe de Estado en su contra desde Colombia, liderado por un militar disidente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cliver Alcalá, quien curiosamente también fue incluido en la lista de supuestos narcotraficantes emitida por Barr.

Al respecto, el presidente del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela (COSI), el ex parlamentario Carolus Wimmer, advierte que “hacer esta acusación en un momento tan delicado como éste, en medio de la pandemia por coronavirus, busca sin dudas la fractura de la FANB y es prácticamente un llamado al magnicidio”.

“Venezuela está combatiendo la expansión del coronavirus con muchas dificultades para la compra de medicinas e insumos por las sanciones; la caída de los precios del petróleo y la distorsión económica que produce la hiperinflación, en ese contexto, esta nueva agresión de Trump puede considerarse una acción genocida contra el pueblo venezolano”, destacó Wimmer.

“En estos instantes se necesita cohesión y fortaleza institucional para salvar las vidas de más de 30 millones de habitantes; la FANB en este momento juega un papel fundamental manteniendo el orden público y ayudando en la distribución de alimentos, combustible, para que podamos subsistir en la cuarentena. Romper ese equilibrio es poner en riesgo millones de vidas”, enfatizó.

Aunque muchos analistas comparan la situación actual de Maduro con la del general panameño Manuel Noriega, quien fue derrocado por una invasión militar estadounidense tras declararlo como narcotraficante en la década de los 80, Wimmer considera que un escenario similar difícilmente se presente en Venezuela.

“Venezuela fue el primer Estado en América Latina en declarar cuarentena total hace dos semanas cuando aparecieron los dos primeros casos y no hubo necesidad de ninguna medida de presión; la población acató el llamado del presidente Maduro con la confianza en el manejo de la crisis por parte del Tren Ejecutivo”, detalló Wimmer.

“La cuarentena se ha cumplido sin problemas, sin violencia, pese a un intento de golpe de Estado denunciado en el interín. Eso demuestra que las instituciones, pese a la crisis política, están sólidas para atender la emergencia y también indica que derrocar al gobierno por la fuerza traería una gran desestabilización. Ya tenemos la primera muerte por coronavirus. Una guerra civil más la pandemia traería un caos peor que en Libia o en Irak y eso nadie lo quiere. Por tanto, las instituciones, entre esas la FANB, seguirán remando hacia el mismo destino, mantener la paz y combatir la pandemia”, aseveró.

“Además EEUU se convierte ahora en el epicentro de la pandemia mundial de coronavirus, dejando atrás a Europa y a China en el número de muertes y contagiados, tienen suficientes problemas para entrar en una guerra en su patio trasero aunque sin dudas la acusación sobre el presidente Maduro “legaliza” una posible acción relámpago para un magnicidio”, prosiguió Wimmer al tiempo que resaltó que se necesita paz “para garantizar la salud de millones de seres humanos en toda la región porque desestabilizar a Venezuela ahora implicaría un flujo de refugiados hacia otros países que nos llevaría a una posible situación de contagios masivos por coronavirus en las fronteras”.

Pese a los pronósticos dados por la enorme conflictividad política y social que atraviesa Venezuela, el país enfrenta la pandemia mundial del coronavirus con relativa tranquilidad. El viernes 13 de marzo, el Gobierno Bolivariano informó de los 2 primeros casos comprobados de Covid-19 en el territorio nacional. Para el domingo, se decretó cierre total de la región central y para el lunes, cuarentena nacional.

Las autoridades del Gabinete de Nicolás Maduro, abrieron canales para la detección y seguimiento de los casos a través del denominado Carnet de la Patria, un sistema de registro social que tiene los datos de unos 20 millones de venezolanos, más de la mitad de la población.

En 20 días, Venezuela reporta 107 casos y un fallecido, números que contrastan con otros países de la región como Colombia o Brasil, y esto se atribuye a un manejo temprano de la crisis por el gobierno de Maduro.

Ante su declaración como objetivo de la justicia estadounidense, Maduro expresó en una alocución durante la noche del jueves “nadie me va a sacar del centro de mi objetivo de proteger al pueblo de la pandemia de coronavirus para devolverle la normalidad al país”.

Maduro consideró esta medida como una acción extravagante y extremista de Trump “ que se comporta como un cowboy racista” al ponerle precio a la cabeza de un grupo de revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlo y a derrotarlo”.

“Trump maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Aquí estamos preparados para lo que sea, no individualmente, sino como pueblo. Tenemos planes para todos los escenarios y si el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreven a agredirnos verán la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ellos. No toquen al pueblo de Bolívar. Sabemos combatir con todas las formas de lucha. Queremos paz y queremos democracia”, resaltó el Mandatario.

Justo en la víspera de las acusaciones, el Gobierno y amplios sectores de la oposición venezolana hablaron de entablar un diálogo para dejar a un lado las diferencias y unir esfuerzos para combatir el coronavirus. Maduro reiteró que está dispuesto a reunirse y que solicitó al nuncio apostólico la sede para un Encuentro Político por la Paz con todos los sectores de la oposición para llegar a un acuerdo y enfrentar la pandemia y el asedio país.

En el diálogo no participaría el autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien celebró la imposición de cargos contra Maduro en este contexto y fue acusado por la fiscalía venezolana de impulsar un golpe de Estado con el apoyo de Washignton desde Colombia.

Guaidó considera que este es el momento de derrocar al Gobierno por cualquier vía para que su equipo pueda administrar los fondos de la posible ayuda internacional que llegaría al país por la pandemia del coronavirus. Recordemos que hay graves acusaciones del desvío de fondos entregados como ayuda humanitaria para Guaidó el año pasado, en una mediática operación desde la frontera colombo venezolana. Esto llevó a la fractura del frágil respaldo del “presidente” virtual.

Además de Maduro y Cabello, fueron acusados por el fiscal estadounidense el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el juez Maikel Moreno del Tribunal Supremo; y el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

También fueron inculpados el exministro de Energía Luis Motta; un antiguo militar de la fuera aérea Oscar Rafael Colmenarez Villalobos; el superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, Edylberto Jose Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly Kotosky Villarroel, ambos exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

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